Aumentan sanciones a policías corruptos

13 de Mayo 2011

fuente: Ángel Guardián

Para aplicar sanciones más enérgicas a los servidores públicos de las áreas de prevención, persecución o sanción del delito y administración de justicia que se inmiscuyan con grupos delictivos, el Congreso del Estado aumentó las penas para el delito de asociación delictuosa en su modalidad de delincuencia organizada.

 

Aprobada en votación unánime, la reforma al artículo 138 del Código Penal del Estado establece que si quien comete la asociación delictuosa incluida su modalidad de delincuencia organizada fue o es servidor público de las áreas de prevención, persecución o sanción del delito, administración de justicia o reinserción social, se le aumentará en una mitad la pena de prisión establecida para este delito.

 

La reforma al Código Penal, que tuvo como iniciador al diputado Salvador Fuentes Pedroza, además de incrementar la pena de prisión, contempla la inhabilitación definitiva para ejercer  derechos o funciones públicas a los funcionarios que cometan esa delito.

 

Con la reforma aprobada, las sanciones a los servidores públicos de las áreas de seguridad que cometan el delito de asociación delictuosa en su carácter de delincuencia organizada, serán de 7 y medio a 22 y medio años de prisión, en lugar de los cinco a quince años de prisión previstos antes de la modificación legal.

 

Cuando presentó la iniciativa de reforma, Fuentes Pedroza consideró imperioso observar  la efectividad de aquellos tipos penales que tutelan la conservación de las  instituciones, esto en razón  del azote de violencia generalizada que ha sufrido el estado mexicano en la mayor parte del territorio nacional, al cual Colima no ha escapado al terror que infunden en la sociedad  los actos de la delincuencia organizada en el seno de las instituciones estatales, en especial aquellas de procuración de justicia e imposición de las penas.

 

En ese sentido, señaló que en los últimos meses acontecieron hechos cada vez más preocupantes, mismos que reflejan la vulnerabilidad y decadencia del sistema punitivo nacional y local.

 

“Con el fin de frenar la actividad criminal de la delincuencia organizada, es necesario refrendar el compromiso social  en los tres órdenes de gobierno, para hacer un frente común contra éste cáncer social que se ha convertido en verdaderas instituciones de recursos ilimitados, que se rigen bajo estructuras complejas  cada vez más sofisticadas”, señaló el legislador.

 

Dijo que la reforma por él propuesta, busca coartar las relaciones  y vínculos que existen entre las autoridades con los  sujetos criminales; es por ello que la información que surge de la actividad indagatoria e impartición de justicia  es de carácter reservada y de seguridad nacional,  por lo que su tipificación en el Código Penal Local  ha sido un gran acierto que permitirá coartar la red de informantes de los llamados “halcones”.